El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan de medidas antifraude de la UPV (PMA de la UPV), que define las principales acciones que deben adoptarse para evitar el fraude en la gestión de políticas y fondos públicos, cumpliendo con las exigencias del Plan de recuperación, transformación y resiliencia. Sus medidas, por tanto, son de aplicación a todo el personal de la UPV que participe en la gestión, tramitación o seguimiento de estos fondos.
El PMA de la UPV se configura como una pieza más en la estrategia de integridad pública de la Universitat Politècnica de València, y recoge una serie de actuaciones basadas en un planteamiento proactivo, específico y estructurado en torno a las cuatro áreas clave del ciclo antifraude: prevención, detección, corrección y persecución.
Prevención, detección, corrección y persecución
La prevención es una parte clave del sistema, puesto que evita que el conflicto de intereses, el fraude o la corrupción llegue a producirse. Para ello, el PMA de la UPV establece medidas preventivas, al incorporar: la Declaración institucional de lucha contra el fraude, aprobada por el Consejo de Gobierno el 23 de diciembre de 2021, y la Declaración de ausencia de conflicto de Intereses (DACI). También articula medidas específicas de formación, como compromiso de sensibilización y concienciación de todos los niveles de la organización.
Para la detección de comportamientos fraudulentos, el PMA de la UVP, establece un canal de denuncias como vía directa de comunicación de sospechas de fraude o situaciones irregulares.
Calendario de acciones
La política antifraude en la UPV se concibe como un proceso continuo, por ello el plan establece un calendario de acciones a desarrollar, entre las cuales se encuentra la elaboración del mapa de riesgos o la necesidad de definir el protocolo de actuación frente a conflictos de intereses.
Comisión de Integridad Institucional
Como órgano de seguimiento e implementación de sus medidas, el PMA de la UPV crea la Comisión de Integridad Institucional, a quien corresponde la revisión del plan y la elaboración de propuestas de modificación; así como dar cuenta de su grado de cumplimiento.
El objetivo es garantizar el compromiso de la UPV con el mantenimiento de los más altos niveles de exigencia ética y jurídica, así como reforzar e impulsar los principios de integridad pública, imparcialidad y honestidad en todos sus ámbitos de actuación.
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