Esta es la conclusión principal que se ha extraído de la jornada “Compra y Contratación Pública Verde” que tuvo lugar el pasado viernes 17 de junio en el Parque Tecnológico de Zamudio (Bizkaia).

Este encuentro, organizado por Gaia-Cluster TEIC y que ha contado con la participación de PQC, Bakeaz y Emaus Fundación Social, se celebró en el marco del proyecto europeo PrymeEnergyIT, un consorcio de empresas e instituciones internacional que promueve el desarrollo de un mercado basado en tecnologías e infraestructuras sostenibles. El encuentro estuvo abierto a personal político y técnico de ayuntamientos, mancomunidades u otras administraciones y Sociedades Públicas; empresas y proveedores de la administración Pública; y empresas de consultoría ambiental o de procesos de agenda local 21.

Para completar las acciones de promoción del proyecto PrymeEnergyIT, GAIA-Cluster TEIC también colaboró en la realización, el martes 21 de junio, junto con el Gobierno Vasco e Ihobe, del Taller de Trabajo dirigidos a Proveedores de Administraciones Públicas. Bajo el título “Compra y Contratación Pública Verde: Clientes que exigen Verde”, se expusieron las peculiaridades de la legislación reguladora, y las medidas para incorporar en estas licitaciones cláusulas ambientales.

El objetivo final de este tipo de iniciativas es conseguir que las autoridades públicas europeas tengan en cuenta criterios éticos, sociales y ambientales en sus licitaciones de bienes y servicios. Este tipo de acciones repercuten positivamente en la economía, según los representantes de PrymeEnergyIT, ya que todos los bienes y servicios tienen un impacto en el medio ambiente durante el ciclo de extracción, producción, utilización y desecho.

Además, son causantes de las emisiones de gas de efecto invernadero, la pérdida de la biodiversidad y el agotamiento de los recursos naturales. Si tenemos en cuenta que cada año las compras de las instituciones públicas representan entre el 16 y el 18% de PIB a escala europea y el 17 % del PIB en España, la implantación de este tipo de criterios supondrá un beneficio considerable.

Por consiguiente, la Comisión Europea, junto con todas las partes interesadas, ha establecido criterios comunes de contratación pública verde para 10 productos y servicios. Estos son: equipos informáticos, obras de construcción, textiles, alimentación, limpieza, jardinería, mobiliario, electricidad, papel y transporte.

Algunos de los beneficios que se señalan para la contratación pública verde son: la reducción de las emisiones de carbono y el avance hacia la consecución de los objetivos relacionados con el cambio climático, la reducción de la presión sobre el medio ambiente; y la contribución a un uso más sostenible de los recursos naturales. Asimismo, otras ventajas destacadas son el impulso de la innovación y la competitividad de la industria, el ejemplo que se da a empresas y consumidores privados, la capacidad de satisfacer las expectativas de los ciudadanos, y la mayor rentabilidad.