El Libro Blanco ha sido coordinado por el Ministerio de Vivienda y elaborado por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Para su realización se ha contado con la colaboración de las Comunidades Autónomas, de académicos y profesionales.

Partiendo de un análisis pormenorizado para detectar carencias y deficiencias que están limitando el desarrollo de un urbanismo más sostenible en España, el documento establece 112 criterios de sostenibilidad que describen, de forma muy concreta, detallada y operativa, los elementos más relevantes para alcanzar este objetivo. Estos indicadores están agrupados en siete grandes bloques referidos a los principales ámbitos de influencia del planeamiento: el entorno de la ciudad, el suelo urbano, el transporte, los recursos, los residuos, la cohesión social y la participación y la gobernanza. 

A la luz de estos criterios, el Libro Blanco analiza su reflejo en la normativa vigente que desarrolla el planeamiento urbanístico en España para detectar las diversas estrategias que permitan reducir la insostenibilidad y favorecer su traslación a ámbitos concretos de actuación. De ese estudio, se puede extraer las siguientes conclusiones: 

Destaca el tratamiento amplísimo por parte de todas las CC.AA. de los criterios relativos a las actuaciones sobre el entorno de la ciudad (preservación de los ecosistemas, el respeto al paisaje y la reducción en el consumo de suelo). También sobresalen los criterios relacionados con fomentar la transparencia administrativa y el acceso a la información, si bien el gran ausente es la participación activa de los ciudadanos en la toma de las decisiones estratégicas o en la aprobación de los Planes Urbanísticos. 

Por el contrario, las referencias legislativas son ocasionales en otros bloques: 

Cohesión social. Es un bloque escasamente regulado. Se legisla acerca del momento del acceso a la vivienda y la identificación de la población con su entorno (mediante la protección del patrimonio) pero aspectos tan relevantes como mejorar la oferta de equipamientos y servicios en cada barrio y fomentar la mezcla de usos en cada uno de ellos, permitiendo lo que se llama "las actividades de proximidad" para los vecinos, son casi inexistentes en la mayoría de las normas autonómicas. 

Criterios de actuación en suelo urbano. Pese a estar asumido en Europa un modelo de ciudad compacta y compleja, las CC.AA. no plasman esta idea en su legislación, salvo por lo que se refiere a sub-criterios puntuales como el fomento de la rehabilitación, la eliminación de barreras arquitectónicas y la exigencia de estándares mínimos de zonas verdes, equipamientos y servicios públicos. 

Criterios de actuación en temas de transporte. La legislación autonómica hace hincapié en la reducción del tráfico motorizado privado para favorecer el uso del transporte público. Sin embargo, están menos regulados aspectos importantes como la construcción de redes peatonales y ciclistas, aumentar el espacio disponible para el peatón o reducir la velocidad del tráfico motorizado privado. 

Criterios de actuación en cuanto a recursos naturales. Las mayores referencias legislativas se refieren a optimizar y reducir el consumo de energía y de los recursos naturales (básicamente el agua) y fomentar el uso de energías renovables. Sin embargo, no se desarrolla con la misma intensidad la necesidad de adaptar los edificios a condiciones bioclimáticas, utilizar materiales reciclables en la construcción o fomentar el uso compartido de las galerías de servicios (para gas, electricidad, telefonía, etc.), reducir las pérdidas de energía en las redes de difusión, etc. 

Tratamiento de residuos. Este bloque está más desarrollado legislativamente, destacando principalmente la reducción de vertidos contaminantes y de los residuos por medio de su gestión así como el fomento del reciclaje y la reutilización. 

Decálogo para un urbanismo sostenible 

El Libro Blanco incluye un decálogo, que reúne las propuestas clave para conseguir un planeamiento urbano más sostenible